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Asesoramiento y asistencia general, opiniones y estudio de posibles situaciones, análisis normativos y riesgos penales, procedimientos y juicios de carácter penal. Asistencia, representación y seguimientos de casos en las diferentes fases del proceso. Asistencia en averiguación previa al proceso penal.

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Francisco Vivas

Abogado Egresado de la Universidad Santa María - Caracas. Cuenta con Postgrado en Derechos Humanos Universidad Santa María - Caracas. Postgrado en Derecho Penal Universidad Santa María - Extensión Barcelona. Maestría en Derecho Penal Universidad Santa María - Extensión Barcelona. Diplomado en Derecho Procesal Constitucional. Técnicas de Litigación en el Juicio Penal.

Al inicio de su carrera profesional se desempeñó como Fiscal del Ministerio Público. Ha sido Profesor de pregrado en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho en las áreas de Criminología, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Profesor de Post-grado en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho en las áreas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.

Aprobó como Facilitador para la preparación de Fiscales en la Escuela de Estudios Superiores del Ministerio Público. Participante en varios eventos y congresos en materia jurídica. Ponente y expositor en varios cursos y encuentros jurídicos. Actualmente es Asesor en materia penal de varios despachos de abogados, empresas e instituciones financieras a nivel nacional, sumado al ejercicio como abogado dedicado a la litigación en el área penal, procesal penal y constitucional; cuyo desempeño, profesionalismo y experiencia por más de 15 años como Fiscal Titular del Ministerio Público, le han permitido conocer y manejarse exitosamente en las diversas fases del proceso penal.

TIPOS DE LITIGIOS PENALES

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Denominamos como delito o delitos a todas aquellas acciones, actividades y comportamientos voluntarios o imprudenciales, que contravienen lo establecido por la ley. Es decir, se trata de aquellas acciones, omisiones y situaciones que violan o contravienen las leyes y normas vigentes, por lo que dichas acciones se hallan penalizadas, es decir, son punibles. En un estado de derecho en donde imperan las leyes, todo aquel que realiza algún delito o actividad violatoria de las normas jurídicas, recibe las consecuencias jurídicas correspondientes, es decir, que recibe un castigo, que está estipulado en las propias leyes teniendo en cuenta tanto agravantes como atenuantes y otros factores. En otras palabras, quien comete un delito se ve sometido a un procedimiento judicial que tiene como finalidad establecer una pena, como castigo, dependiendo de lo que se haya hecho.
Existen varios tipos de delitos que se clasifican según diversos criterios principalmente por el tipo de acción que se lleva a cabo o por los daños que dicha actividad produce en el afectado, así como por que haya sido realizado de manera dolosa o culpososa. Delitos comunes son actos delictivos tipificados como del fuero común, se trata de actos delictivos sin trascendencia general a diferencia de otros como por ejemplo los delitos de drogas, contra la corrupción, contra el ambiente. Entre los delitos comunes podemos encontar delitos como el robo, hurto de vehículo automotor, homicidio, lesiones, estafas.
Previo al análisis de la jurisdicción penal a la luz de la norma adjetiva penal, es oportuno reseñar los órganos que constituyen el poder judicial, en tal sentido el Art. 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: “El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de jurisdicción ordinaria y los tribunales de jurisdicción especial”. Y el Art. 61 señala: “Son tribunales de jurisdicción ordinaria: Las Cortes de Apelaciones, los Tribunales Superiores, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Municipio”.
Conforme a lo establecido en el Art. 55 del Código Orgánico Procesal Penal, La jurisdicción penal es ordinaria o especial, en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes. La Jurisdicción Penal Ordinaria es la que rige como regla general en todos los procesos penales y como excepción la jurisdicción especial conocida como extraordinaria o privilegiada, esto es la ejercida con limitación a asuntos determinados, respecto a personas que por determinadas razones están sujetas a ella por tribunales especializados donde se aplica leyes especiales, así tenemos la jurisdicción militar; la jurisdicción de menores.
Por su parte el Art. 56 COPP contempla que corresponde a los Tribunales Ordinarios el ejercicio de la jurisdicción para la decisión de los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a lo establecido en el mencionado texto y leyes especiales. De acuerdo con el encabezamiento de este artículo hay un establecimiento de que la función jurisdiccional para la decisión de asuntos penales corresponde a los Tribunales Ordinarios. Por consiguiente se prohíbe el juzgamiento de ciertos delitos por Tribunales especiales creados con posterioridad a su comisión; lo que significa que el COPP unifica la jurisdicción penal con absoluta prescindencia del instrumento legal contentivo del tipo, preservando así las violaciones del principio del Juez Natural.
Los cargos presentados por violencia doméstica son situaciones jurídicas complicadas colmadas de emotividad, frustración y consecuencias de por vida. La violencia doméstica es una acusación seria, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley investigan y procesan agresivamente estos incidentes para garantizar que las personas estén seguras y protegidas dentro de sus hogares.
No se requiere una orden de aprehensión para precipitar un arresto por cargos de agresión con lesiones contra un miembro de la familia o del hogar (mujer). Una declaración de la víctima bajo juramento o que la policía observe el incidente de agresión, son razones suficientes para que en un lapso no mayor a 24 horas se proceda a una detención en flagrancia. También se podrá emitir una Orden de Protección para evitar el contacto entre el agresor y la víctima.
La agresión y violencia doméstica abarca muchas formas, y la acusación puede resultar de un gran número de circunstancias que ocurren dentro del hogar o fuera de este incluyendo el ámbito laboral. Algunas veces, una situación en el hogar se sale de control debido a que las partes involucradas están demasiado exaltadas. Si usted es víctima de agresiones domésticas o existe una acusación en su contra por un delito de esta naturaleza, es importante buscar a un abogado bien informado para enfrentar la situación y lograr el mejor resultado posible. Un abogado de violencia doméstica experto puede asegurar que usted y sus derechos sean protegidos durante estos tiempos difíciles, pudiéndole ayudarle a navegar por el sistema de jurisdicción especial de violencia de genero y formular la mejor defensa posible.
Constitucionalmente de acuerdo a lo previsto en el artículo 114 de la Carta Magna, los delitos de índole económico son sancionados severamente por la legislación venezolana. El mencionado artículo es el marco de regulación de los delitos económicos y si bien es cierto en nuestro país no existe un texto normativo especial para regular los delitos económicos, al realizar un análisis de las conductas que la doctrina ha denominado como tales, encontramos que en nuestra legislación sustantiva penal existen Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley donde se encuentran descritos tipos penales que atentan contra el orden económico, siendo éstos los que forman parte del derecho penal económico.
En ese sentido, entre los delitos de orden económico que encontramos en nuestra legislación podemos señalar los siguientes: la especulación, el acaparamiento, el boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda, contrabando de extracción, usura genérica, usura en operaciones de financiamiento, captación indebida de recursos, Apropiación o Distracción de Recursos de Instituciones Financieras, defraudación tributaria, entre otros.
Las acciones punibles previstas en algunos de estos tipos penales adolecen de serios errores de técnica legislativa que atentan contra el principio de tipicidad inequívoca, siendo capaces de inducir en graves errores a los operadores de justicia ante conductas descritas en forma tan amplia e imprecisa. Así, por ejemplo, la captación de recursos del público de manera habitual está concebida bajo una redacción amplísima e imprecisa, capaz de subsumir dentro del tipo penal diversas conductas que no guardan relación exclusiva con la actividad bancaria, circunstancia que desvirtúa la finalidad de la norma.
Se consideran delitos menos graves aquellos cuya pena máxima no excede de los 8 años de privación de libertad.El procedimiento para el juzgamiento de este tipo de delitos tiene factores fundamentales para combatir el retardo procesal, bajo la jurisdicción especial de los tribunales municipales que permiten la participación ciudadana en la administración de justicia y el trabajo comunitario para las personas que se encuentren incursas en la comisión de delito menos grave, previéndose su juzgamiento mediante la aplicación de un procedimiento breve que permite el enjuiciamiento en libertad y posibilita la inclusión del imputado o imputada en el trabajo comunitario.
La suspensión condicional del proceso, es una figura prevista en este procedimiento especial que conlleva al trabajo comunitario, y es decretado por el Tribunal Municipal a solicitud de persona procesada y su abogado defensor, desde el mismo momento en que la Fiscalía comienza la investigación por tales delitos.
La aplicación del juzgamiento por delitos menos graves tiene su excepción independientemente de la pena, cuando se trata del juzgamiento de delitos de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, corrupción, delitos contra el patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra.
En este procedimiento el abogado defensor juega un papel fundamental, puesto que a través de la solicitud acompañada de una oferta de reparación social que realiza ante el tribunal, la persona imputada logra cumplir su sanción participando en trabajos comunitarios sin tener que ser privada de libertad en un centro de reclusión. De igual forma el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios pueden solicitarse y acordarse desde la audiencia de imputación.
En cuanto al procedimiento por admisión de los hechos, la oportunidad para interponerlo es desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación Fiscal hasta antes de la recepción de las pruebas, pudiendo el Juez correspondiente cambiar la calificación Jurídica del delito, de acuerdo a las circunstancias.

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